Fuente: La Silla Rota
Autores: Alejandro Melgoza, Sandra Romandia, Paris Salazar
Abril 5, 2020 (Publicación original en español el 11 de agosto de 2019)
Traducción: J. Bravo
Edomex: fábrica de culpables
El simulacro de justicia, expedientes armados con pruebas plantadas y falsos culpables fueron prácticas del gobierno de Eruviel Ávila en el Estado de México, donde hoy existen más de 3,000 denuncias contra jueces de juicio y 78 jueces de tribunales estatales superiores.
Durante un período de siete años (2011-2018), personas inocentes fueron encarceladas en el Estado de México para mejorar la imagen oficial. La policía arrestó a personas sin orden judicial y las torturó. Los fiscales adjuntos reunieron expedientes con pruebas plantadas y los jueces los condenaron sin testigos. Esos falsos culpables han sido liberados de prisión, lentamente. Dentro de las cárceles hay grupos de presos que se defienden de los abusos. Esto sucedió especialmente durante el gobierno de Eruviel Ávila. Hasta el momento, ha habido más de 3,000 quejas contra jueces y 78 contra jueces de tribunales estatales.
Una investigación periodística fue realizada por el equipo del portal de noticias La Silla Rota: Este proyecto fue uno de los cuatro ganadores de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos contra la Corrupcion y la Impunidad (MCCI) en 2018.
En la tarde del 24 de julio de 2014, los albañiles Isidro Rivero, Alejandro Sánchez y Daniel Ramos se encontraban dentro de su casa ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando personal militar, así como policías estatales y municipales de la Base Mixta de Operaciones (BOM) fueron arrestados. la puerta abajo.
Una vez adentro, comenzaron a golpearlos acusándolos de pertenecer al cartel de la familia Michoacana; Alejandro intentó resistir, pero los uniformados lo sometieron y, con el cañón de un rifle militar, lo violaron repetidamente.
Luego fueron llevados al Ministerio Público para acusarlos de haber robado con violencia a un anciano y portar arma de fuego. Luego, les tomaron una foto que se difundió a través de los medios.
“Tres miembros de la familia Michoacana están detenidos”, se lee en los titulares del diario acompañados de una fotografía que los mostraba empuñando una pistola, que luego se conoció, fue colocada cuando fueron capturados.
Luego, de acuerdo a las declaraciones de los detenidos en la Fiscalía, bajo las instrucciones del entonces fiscal de Nezahualcóyotl, Mauricio Blancas, fueron torturados para que admitieran que eran parte del grupo criminal.
Los golpes fracturaron las costillas de Isidro Rivero y fue trasladado al hospital Gustavo Baz de Tlalnepantla. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) certificó las lesiones.
Meses después, los tres detenidos fueron liberados luego de que su abogado defensor, Montes Leal Santos, demostrara durante el juicio que fueron torturados, y que las pruebas presentadas por la entonces Fiscalía General del Estado de México (PGJEM), ahora Fiscalía Office, era falso.
No solo eso, sino que el juez David Virgen Adriano aceptó las pruebas que presentó la Fiscalía del Estado de México para su encarcelamiento en el penal de Neza-Bordo.
Estas historias no están aisladas. Una investigación realizada por La Silla Rota como parte de la Beca de Periodismo de Investigación sobre Corrupción en el Poder Judicial, lanzada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), analizó 25 expedientes judiciales, estadísticas oficiales y testimonios, donde se constató que durante la administración del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se fabricaron falsos culpables en connivencia con el Poder Judicial local, que los juzgó y condenó sin prueba alguna.
El motivo: aumentar el número de condenas para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de su gobierno en seguridad pública.
“La efectividad promedio en el juicio que estoy dispuesto a aceptar es del 80 por ciento, nada menos. De cada 10 casos, hay que ganar ocho y perder dos… ¿Son falsos los delitos? ¡Siempre ha sido así, hombre! " demandó Fernando Ulises Cárdenas, entonces fiscal central judicial de la Fiscalía General del Estado de México, a sus subordinados en un video que se filtró el 21 de noviembre de 2015.
La solicitud de Ulises Cárdenas, empleado de Eruviel Ávila, de perder dos de cada 10 casos, no estaba lejos de la realidad. Esta investigación periodística encontró que en promedio 7 de cada 10 casos procesados entre 2011 y 2017, terminaron en condenas y solo tres en absoluciones.
En otras palabras, el 70 por ciento de los detenidos del Estado de México a los que se les abrió un proceso judicial fue sentenciado y cumple condena.
Las estadísticas de este período revelan que de los 26,542 juicios que tuvieron sentencia, el 82.6 por ciento fueron condenas y el 16.2 por ciento absolutos, es decir, sólo 4,246 personas fueron liberadas.
Síntoma de lo anterior es la cascada de denuncias por actos de corrupción, omisión, presión, manipulación, irregularidades en el debido proceso, trato inadecuado, fallas administrativas, entre otros, en los que se iniciaron 3,291 denuncias contra jueces de primera instancia y 78 contra jueces de tribunales superiores estatales. durante el período 2011-2018, según información proporcionada por el Poder Judicial del Estado de México a través de solicitudes de acceso a la información.
¿Cómo se fabrican los culpables?
A través del análisis de 25 expedientes judiciales, así como de más de treinta entrevistas con policías de instrucción, fiscales adjuntos, abogados, personal que laboraba en la Fiscalía del Estado y el Poder Judicial, se constató que el Ministerio Público utilizó cinco métodos para fabricar culpables. : manipulación de testigos y su ausencia, tortura, cohecho como medida de retención, plantación de pruebas y ausencia de pruebas científicas y técnicas que sustenten las acusaciones.
Los involucrados en estos casos terminaron en prisión preventiva informal, lo que significó esperar el proceso judicial y la determinación del juez dentro de una cárcel.
Para entender este problema, debemos dividir la responsabilidad en dos partes: la Fiscalía y el Poder Judicial. El primero, anteriormente Fiscalía General dependiente del gobierno estatal y desde 2016 Fiscalía independiente, fabricó los casos desde el Ministerio Público. El segundo, el Poder Judicial, los refrendó, es decir, consideró las pruebas presentadas por el Ministerio Público a pesar de las irregularidades en los expedientes.
Esto sucedió a pesar de que durante el período en que Eruviel Ávila fue gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se implementó en México el Nuevo Sistema de Justicia Penal. El objetivo era que el Ministerio Público presentara evidencia científica y técnica para sustentar sus acusaciones. Los jueces tendrían que considerar inocente al imputado hasta que se demuestre lo contrario, la denominada “presunción de inocencia”.
Pero las estadísticas recopiladas por La Silla Rota demuestran lo contrario: durante el período en el que Eruviel Ávila fue gobernador, el Poder Judicial ha señalado que no tenía ningún registro en el que se hubieran rechazado pruebas del Ministerio Público, según sus respuestas a través de solicitudes de acceso a la información.
Según los 25 expedientes judiciales analizados por La Silla Rota, que incluyen a 44 detenidos, en el cien por ciento de los casos los agentes que los arrestaron no se identificaron durante el arresto. Otro patrón encontrado es que, en el 64 por ciento de los casos, la “ausencia de testigos” fue recurrente durante las audiencias; es decir, que la parte acusadora no se presentó y, a pesar de ello, continuó el proceso judicial contra el detenido. Los expedientes también mostraron que en el 40 por ciento de los casos, los detenidos denunciaron haber sido víctimas de tortura para declararse culpables y que las autoridades les pidieron que admitieran pertenecer a una organización criminal.
La Silla Rota también encontró, con base en revisiones de expedientes, que en el 30 por ciento de los casos no había ningún documento de arresto ni orden judicial contra los detenidos. En al menos 25 expedientes judiciales, es decir, el 60 por ciento de los casos, los imputados denunciaron la colocación de pruebas, principalmente armas.
Por todos estos fracasos, se abandonaron los casos; 26 de los 44 que sufrieron prisión preventiva fueron puestos en libertad. Según los expedientes, más del 60 por ciento de los internos estuvieron encarcelados durante más de un año pero en audiencias posteriores demostraron su inocencia y fueron liberados.
Según solicitudes de información de la Fiscalía del Estado de México: 1,181 agentes de la fiscalía local fueron denunciados por la ciudadanía por irregularidades administrativas y de investigación. Año tras año aumentaron: en 2011 había 64 expedientes; 88 en 2012; 100 en 2013; 145 en 2014; 187 en 2015; 159 en 2016 y 438 en 2017.
Actualmente, Fernando Ulises Cárdenas Uribe, el funcionario de la Fiscalía del Estado de México que en un video exigió a sus empleados que inventaran delitos a los detenidos, sigue siendo fiscal central legal junto al ahora gobernador priista, Alfredo del Mazo.
Y no solo eso: en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Fiscalía General del Estado de México confirmó a La Silla Rota que no existe un procedimiento administrativo o investigativo contra Fernando Ulises Cárdenas por admitir ante un grupo de empleados que delitos fueron fabricados.
La familia judicial del Estado de México
Entre 2011 y 2017, cuando era gobernador Eruviel Ávila, en el Poder Judicial del Estado de México fueron designados funcionarios cuya carrera se forjó dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que también ocuparon cargos durante la administración del ex presidente.
La mano del ejecutivo estatal se percibió en el Poder Judicial: los últimos tres nombramientos de miembros del Consejo de la Judicatura del Estado de México fueron más un movimiento político que una elección de un poder autónomo.
En la elección de tres concejales se hizo un movimiento de “enroque” entre secretarías de estado y se promovieron perfiles con poca trayectoria judicial, pero todos vinculados a Eruviel Ávila. Desde el gabinete de Eruviel fue designado Joel Alfonso Sierra Palacios, quien de 2011 a 2012 fue subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México y en 2013 se convirtió en consejero del Poder Judicial.
Lo mismo sucedió con Otoniel Campirán Pérez, quien había trabajado en la Procuraduría Federal de la Defensa Laboral de 2011 a 2012 y de 2014 a 2015; ese año se convirtió en asesor del Poder Judicial del Estado de México.
Otro caso es el de Marco Antonio Morales Gómez, quien fue designado asesor del Instituto Electoral del Estado de México. Su nombramiento en 2008, fue promovido en el congreso del Estado de México por el líder de la bancada del PRI, el entonces diputado Eruviel Ávila. En 2015 también fue nombrado asesor del poder judicial local.
En la revisión de los expedientes se constató que los jueces que condenaron o determinaron la custodia informal de los falsos culpables fueron: Nabor Rigoberto Martínez, Petra Alcántara, Rocío Salinas, Miguel Ángel Coca, Maya Julián, Apollino Blanco, Bertha Araceli Díaz, Janelly Gutiérrez, Julio César Orihuela, Armando Osorio, Israel Chávez, Francisco Munguía, Gildardo Fernández, Maximiliano Vázquez, Mónica Mellado Tapia y Monica Osorio.
Los distritos judiciales que acumularon estas inconsistencias fueron Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Texcoco. En estos distritos, los jueces validaron el 93.7 por ciento de los expedientes mantenidos únicamente con prueba testimonial obtenida por el Ministerio Público durante las audiencias del Nuevo Sistema. Los jueces, por su parte, solo permitieron que el 3.3 por ciento de los falsos culpables continuaran sus procesos fuera de la prisión.
En los casos consultados para esta investigación periodística, hubo cinco amparos (órdenes de amparo judicial) donde jueces federales demostraron que los jueces locales cometieron errores e irregularidades. En estos archivos, los "falsos culpables" recibieron protección.
En dos procesos revocaron las acusaciones de los jueces locales, porque las pruebas del Ministerio Público no demostraron su culpabilidad. En dos más se redujeron las penas y en otro se reintegró el proceso.
Uno de ellos fue el de siete comuneros de Salazar, en Lerma, que fueron encarcelados luego de oponerse a un proyecto comercial en 2016. La evidencia era tan débil que, recientemente ante un amparo, fueron liberados y presentados como presos políticos por el equipo de Alejandro Encinas. ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otro de los amparos notorios fue el interpuesto por el interno José Humbertus Espinoza, luego de que el presidente de la Corte Superior de Justicia de Edomex, Sergio Medina Peñaloza, designara en 2017 a dos jueces como magistrados suplentes para resolver su caso, sin explicación alguna. En ese caso de amparo, expediente No 155/2017, los jueces federales Roberto Dionisio Pérez Martínez, Antonio Legorreta Segundo y Rubén Arturo Sánchez Valencia concluyeron que su derecho fundamental al debido proceso penal fue “violado” con base en el artículo 42 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para Humbertus esa designación fue una represalia por convertirse en una voz desagradable de la prisión de Chiconautla en Ecatepec. Dentro de la cárcel brindaba asesoría legal y cientos de internos protestaron durante las audiencias porque no se respetaban sus derechos.
La unión entre los internos resultó en un amparo colectivo liderado por el propio Humbertus, y aunque no se resolvió a su favor, se convirtió en un recurso histórico porque reunió a cientos de internos que denunciaron violaciones al debido proceso y la presunción de inocencia, en además de la tortura.
Ahora Humbertus lidera el movimiento denominado Presunción de Inocencia y Derechos Humanos [Presunción de inocencia y derechos humanos]; también se encuentran activos los colectivos Hazme Valer [Hazme contar], liderados por el exprisionero profesor Oscar Neri, y Pena sin Culpa [Castigo sin culpa] del abogado Aribel García; y los pueblos agraviados de comuneros e indígenas como Salazar, San Pedro Tlanixco y Atenco. Estas son las revoluciones judiciales que han brotado y solo piden que las cárceles del Estado de México no sean ocupadas por inocentes.
Percepción de inseguridad en crisis
Cuando en noviembre de 2015 apareció en redes sociales el video donde el fiscal estatal Fernando Ulises Cárdenas solicitó a los fiscales adjuntos que aumentaran el promedio de casos cerrados, aunque hubiera víctimas inocentes, el estado de México vivía una crisis, según tres diferentes. Fuentes: Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e Instituto de Estudios Legislativos del Estado de México (INESLE).
Los secuestros se duplicaron entre el primer y el quinto año de la administración de Eruviel Ávila: entre 2011 y 2012, los casos reportados fueron 116. En tanto, entre 2015 y 2016 hubo 233 secuestros, según datos de la SNSP. Por otro lado, entre septiembre de 2015 y noviembre de 2016, justo cuando se filtró el video de la fiscalía, se reportaron 2,080 homicidios dolosos, la mayor cantidad en comparación con los cinco años anteriores, según la misma fuente de información.
En 2014, Javier Martínez Cruz, especialista del Instituto de Estudios Legislativos (INESLE) declaró que durante el gobierno encabezado por Eruviel Ávila el Estado de México sufrió las cifras más altas en algunos delitos a nivel nacional como secuestro, robo de vehículos, trata y violencia de género.
“Durante 2012 hubo 269,116 delitos; en 2013 hubo un aumento de 0.39 por ciento con 270,180, y en lo que va de 2014 ha habido 42,77 delitos, lo que representa el 16.49 por ciento a nivel nacional ”.
En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) colocó al Estado de México, por segundo año consecutivo, con la peor calificación en cuanto a percepción de inseguridad ciudadana.
Pero 12 días antes de que finalizara el sexenio, la situación ya había cambiado. Al menos eso es lo que dijo Eruviel Ávila el 3 de septiembre de 2017. Según sus cifras, el Estado de México ya era uno de los cuatro estados con mayor capacidad para atender las demandas de inseguridad ciudadana; lograron cerrar 71 de cada 100 expedientes de investigación. Una media muy cercana a lo que exigía su fiscalía dos años antes, a costa de aprehender incluso a inocentes.
“Necesitamos hacer mucho por la seguridad del Estado de México, pero debemos reconocer el esfuerzo de las corporaciones policiales por trabajar en equipo para reducir la incidencia del crimen”, dijo horas antes de entregar el gobierno a su política. compañero de fiesta, Alfredo del Mazo. Ahora, Eruviel Ávila es senador por el PRI.
