Fuente: Blog Expediente
Autor: Itzel Loranca
Sábado, Junio 1, 2017
Traducción: Jorge B. (Publicación original en español el 11 de febrero de 2017)
Las violaciones del fiscal general del estado llegan a la Corte Suprema
- • El Poder Judicial Federal anuló los veredictos contra Yarold Christian Leyte Quintanar, acusado del asesinato de María Teresa González en 2012.
• Este caso llegó a la Corte Suprema.
• La investigación que lo señala como “El asesino de Valle Alto” está plagada de irregularidades y torturas.
Un nuevo veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) devolvería a Yarold Christian Leyte Quintanar su nombre y su libertad, y eliminaría el apodo de “El asesino de Valle Alto”.
Desde 2012, su abogado ha denunciado irregularidades durante la investigación del asesinato de María Teresa González González. Yarold se declaró culpable luego de ser torturado por agentes del extinto Negociado de Investigaciones del estado de Veracruz (AVI).
La Corte Suprema tiene ahora en sus manos la decisión de convalidar o no, la pena de 32 años y seis meses de prisión.
Este será su último recurso, su última oportunidad de recuperar su libertad. La otra posibilidad será permanecer en su celda de la Cárcel de Tuxpan, donde ha residido los últimos cinco años; bajo una investigación llena de aberraciones.
“El Asesino de Valle Alto”
Primero, el AVI secuestró a Yarold y lo metió en una pequeña habitación. Allí sufrió una terrible tortura que incluyó descargas eléctricas en el escroto, golpes en la cara y frecuentes amenazas con un arma apuntándole la cabeza y la cara… pero no se dejó intimidar. Continuó declarando su inocencia.
Todo cambió cuando los agentes de AVI llevaron a la esposa de Yarold al mismo edificio. Ella ignoró la pesadilla que estaba experimentando Yarold y aceptó conocerlo. Sus dos hijos acompañantes fueron abandonados por los agentes con una mujer del lugar que pasaba.
Yarold nunca vio cómo golpeaban a su esposa, pero pudo escuchar sus gritos de dolor mientras la policía la violaba. Entonces, decidió renunciar a su libertad, en nombre de la seguridad de su familia.
Temprano en la mañana del 14 de marzo de 2012, fue presentado a los medios de comunicación como el asesino confeso de María Teresa González González. La prensa local lo apodó “el Asesino de Valle Alto”. Y reproducen en sus páginas la versión oficial del crimen en el que la joven perdió la vida.
Según la investigación realizada por el Ministerio Público, la versión oficial es que Yarold tenía una deuda con un banco denominado “Compartamos Banco”. María trabajaba para este banco y ese día fue a cobrarle el dinero a Yarold, pero él se negó a pagar. El desajuste terminó en una pelea dentro de la casa de Yarold.
Yarold utilizó un trozo de vidrio roto de una mesa de vidrio roto para matar a Teresa. Esa misma noche, decidió arrastrar el cadáver afuera, a la casa abandonada de enfrente.
Ese fue el cuento relatado por “El Asesino de Valle Alto”.
A pesar de sus pedidos de lesiones, el Protocolo de Estambul no se aplicó. Acusó a los agentes de AVI por tortura, pero el Ministerio Público nunca realizó la investigación correspondiente. Esto es contrario a la Ley Federal Mexicana para Prevenir y Sancionar los Actos de Tortura, en su artículo 11. Se establece que todo servidor público está obligado a denunciar e investigar cualquier posible acto de tortura.
Inconsistencias
El número de teléfono propiedad de Yarold sigue funcionando.
El AVI mintió, declarando que el día en que fue capturado Yarold fue tomado en posesión de tres teléfonos celulares (el de la presunta víctima, el suyo y un tercer teléfono). Pero fue presentado al Ministerio Público solo con un celular que dijeron, era el teléfono de María.
Guadalupe Salmones Gabriel, defensora de Yarold, puntualiza que después de cuatro años, el celular del preso y condenado sigue en uso. “Puedes marcar ese número y una persona te contestará”, dice, entre muchas otras inconsistencias.
Afirma que el tiempo que declaraba Leyte Quintanar es idéntico al registrado en la reconstrucción de los hechos, dando a entender que se encontraba en dos lugares distintos al mismo tiempo.
El fiscal no pudo probar el vínculo entre la niña asesinada y el presunto asesino. Incluso el personal del banco en el que trabajaba reconoció que Yarold nunca tuvo una deuda allí.
La investigación oficial también indica que Yarold realizó pagos con las tarjetas bancarias de la víctima y realizó llamadas telefónicas desde su teléfono; sin embargo, no existen registros de tales actividades en los extractos bancarios o en el registro de llamadas y mensajes del teléfono celular de María.
El abogado subraya otra anomalía, señalando que esta irregularidad fue detectada por los propios peritos de la Fiscalía General del Estado:
Los agentes encontraron que no existe relación entre la casa de Yarold (donde supuestamente asesinaron a María) y la casa donde fue encontrada. Señalan que las pruebas revelan que es en la propia casa abandonada, donde se descubrió el cuerpo, donde se cometió el delito. No en otro lugar.
Sentencia
Yarold vivió en Veracruz de 2006 a 2012. Llegó con su esposa e hijo a esta ciudad costera, donde nació su segundo hijo. Un mérito de su trabajo le permitió ser dueño de una casa, en la calle Flamingos del Barrio Valle Alto.
En marzo de 2nd, 2012, el cuerpo de María Teresa González González, (denunciado como desaparecido el 28 de febreroth, 2012 por sus familiares), fue encontrada muerta en la casa abandonada frente a la de Yarold. María Teresa trabajaba para Compartamos banco, un banco de microcrédito. Fue vista por última vez en el barrio de Valle Alto mientras recolectaba dinero en diferentes casas.
Para el 2013 Yarold Christian ya se encontraba en la prisión de Tuxpan como presunto asesino de María Teresa, y su caso en manos del Juez Primero de Primera Instancia. El 29 de eneroth, 2016, fue condenado a 32 años, seis meses, pago de daños y perjuicios y una multa de 250 días de salario mínimo en México.
Un laberinto legal
La defensa apela la sentencia ante la Sala Séptima de la Corte Superior de Justicia del Estado, con sede en Jalapa. Pero el 12 de mayo de 2016, el tribunal estatal confirmó la decisión del juez de Tuxpan.
En ese momento, Yarold solicitó la protección del Poder Judicial Federal (PJF).
La resolución a su favor llegó el 8 de diciembre de 2016. El amparo legal número 316/2016, otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, dispuso que el Ministerio Público debe presentar sus conclusiones ante el juez en un plazo no mayor a 10 días, pero el fiscal encargado no lo hizo en el tiempo prescrito.
Para la PJF, esto significó que el Ministerio Público había renunciado a su facultad de imputar a Yarold, por lo que reprimieron la acción penal contra Yarold. Además, afirman los jueces, se violó el debido proceso de los imputados. En casos similares, la SCJN ha dictado la liberación inmediata del imputado.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado ordenaron a la Sala Séptima del Tribunal del Estado declarar sin fundamento el veredicto del Juez de Primera Instancia y también investigar las alegaciones de tortura de Yarold durante varios años.
La decisión de la PJF no fue acogida por la Subprocuraduría Decimosexto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y el 26 de diciembre apeló la resolución ante la SCJN.
Al escuchar esto, la defensa de Yarold presentó una petición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando la confirmación de la Protección otorgada por la PJF.
"Nada más que justicia"
Rosalinda Quintanar, madre de Yarold ha dicho: “Queremos que se revele la verdad de este caso, no solo por el bien de mi hijo, sino también por el de la niña. Porque no habrá justicia mientras tengan preso a un inocente ”
Su voz y su rostro corresponden a los de una mujer que lleva años cargando con una desesperación indescriptible.
Desde el 14 de marzo de 2012, cuando atendió una llamada, era su nuera, quien estaba llamando desde un teléfono público en la ciudad de Veracruz, y le dijo que Yarold había sido detenido.
Viajó desde la Ciudad de México, donde reside, hasta la ciudad de Veracruz. Allí no le permitieron verlo hasta un mes después, y solo después de que ella denunciara ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Puedo visitarlo dos veces al año. Siempre ha habido amenazas de que lo matarán, que se suicidará, siempre me dicen que se va a suicidar, pero yo no lo creo, no se va a suicidar. Tiene todo nuestro apoyo; hemos hablado honestamente de la situación. Ha intentado demostrar su inocencia. "
Ahora que su caso ha llegado a la SCJN, Rosalinda pregunta “nada más que justicia, nada más que la verdad”.
“Esto nos ha causado mucho dolor, y supongo que a la familia de Teresa también, porque la policía no había investigado la situación como debiera. Al haber torturado a mi hijo no lo hacían culpable sino Víctima de esta situación, desde hace cinco años. "
