El caso Judith Brassard (14 de enero de 2020)

Fuente: Radio Canada
Autores: Martín Movilla y Jean-Michel Léprince
14 de enero de 2020 (Publicación original en francés el 7 de noviembre de 2019)
Traducción: Jorge B.

 

Nota:  En Vero quisiera destacar la participación de la Organización ASP AFRICA y de su CEO Georges Waklatsi-William en la búsqueda de la liberación de Judith Brassard, a quien agradecemos calurosamente su apoyo en el asunto. También estamos orgullosos de anunciar la próxima firma de una asociación entre ASP AFRICA y En Vero

ASP AFRICA  es una ONG laica, no partidista, creada por un grupo de intelectuales africanos, europeos y defensores de los derechos humanos. Sitio web: esta página.

 

Nueva esperanza ante la ONU para la quebequense Judith Brassard

Encarcelada durante 11 años en Colombia, una mujer quebequense condenada por el asesinato de su marido sigue luchando para demostrar su inocencia. A pesar de otro revés, el caso de Judith Brassard llegará a las Naciones Unidas la próxima semana.

Luego de que la Corte Suprema de Colombia se negara nuevamente a reabrir el caso, las organizaciones no gubernamentales En Vero y Fondejusticia y Verdad decidieron llevar el caso ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.

Según estas dos organizaciones de derechos humanos, una en Canadá y la otra en Colombia, el sistema de justicia colombiano fue implacable tras Judith Brassard, desafiando la presunción de inocencia y la duda razonable. Aseguran que solo la comunidad internacional puede hacer algo al respecto.

La mujer quebequense fue condenada en 2010 a 28 años de prisión por haber ordenado el asesinato de Felipe Rojas Gnecco, baleado por un sicario, sin pruebas materiales y sobre la base de un falso testimonio que acaba de ser reconocido como tal por la justicia colombiana. sistema.

 

Testimonios falsos

 

Jhon Osorio y Katherine Pitre, el ama de llaves de Judith Brassard en ese momento, fueron condenados por falso testimonio. FOTO: RADIO-CANADÁ

Después de una década de investigación, la fiscalía presentó cargos por falso testimonio y fraude procesal (manipulación de la justicia) contra los testigos clave que habían testificado contra Judith Brassard. 

Los dos acusados ​​admitieron los hechos y dos jueces distintos los condenaron. Jhon Osorio, quien organizó el asesinato y acusó a Judith Brassard, recibió una sentencia de 10 años. Su esposa, Katherine Pitre, fue condenada a 6 años de prisión.

En una de las decisiones, el juez consideró que la versión de Jhon Osorio era contradictoria e inconsistente y que las declaraciones contra Judith Brassard no eran creíbles. Estas declaraciones, dijo, resultaron en la condena de una persona inocente.

Los suegros de Judith Brassard, sin embargo, impugnaron las dos sentencias de falso testimonio y tuvieron éxito en la Corte Suprema, una vez más ya pesar de nuevas pruebas.

En un dictamen judicial, el abogado de la familia aseguró que nunca ha habido falsos testimonios y que estas sentencias fueron resultado de la mala fe, el desconocimiento o la ingenuidad de los jueces. Y no se detuvo allí. Afirmó que estas sentencias tienen un solo objetivo: reabrir el caso de Judith Brassard.

Siempre ha proclamado su inocencia, pero para sus suegros y para la justicia colombiana, solo ella pudo beneficiarse de la muerte de Felipe Rojas Gnecco.

 

 Judith Brassard está presa en esta sala en Colombia, pero tiene derecho a salidas temporales todos los meses. FOTO: RADIO-CANADÁ

Detrás del asesinato de Felipe y la sentencia de Judith Brassard, hay una historia oscura llena de misterios, mentiras, manipulación, acoso judicial y decisiones legales conflictivas.

 

Un asesinato que destrozó muchas vidas

Esta saga legal comienza el lunes 4 de diciembre de 2006 en Santa Marta, un paraíso en el Caribe colombiano.

A quince cuadras de la playa, el ortodoncista Felipe Rojas Gnecco se acerca a su auto, que está estacionado frente a la clínica La Perla del Caribe, donde tiene su consultorio dental. Dos sicarios, esos sicarios que utilizan los criminales para atacar a sus enemigos, lo esperan cerca de la puerta.

Uno de ellos saca su pistola y dispara al ortodoncista tres veces a quemarropa. El chirrido de neumáticos y los gritos de la gente se funden en un solo ruido cuando los dos delincuentes desaparecen en el tráfico. Dejan atrás el cuerpo de un joven, padre de dos hijos.

 

Judith Brassard y su difunto esposo Felipe Rojas Gnecco tuvieron dos hijos. FOTO: RADIO-CANADÁ

En el momento del asesinato, estaba en Montreal, adonde había venido con sus hijos para alejarse de una vida que ya no le importaba.

El asesinato se produjo en un momento en que estaban en marcha los trámites de divorcio y una encarnizada lucha por la custodia de sus dos hijos, nacidos en Colombia.

En las últimas semanas antes del asesinato de su esposo, Judith Brassard había decidido separarse, quedarse con sus hijos, pedir el divorcio y tomar -sin la autorización de Felipe y falsificando su firma- el dinero que la pareja tenía en un banco de Estados Unidos. Estados. 

Todas estas decisiones, a las que se sumaron mentiras e infidelidades, estaban relacionadas con una relación de pareja que se estaba desmoronando. Pero combinadas con falsos testimonios, estas decisiones se convirtieron, para la justicia colombiana, en justificaciones que llevaron a la condena de Judith Brassard.

 
Una condena anunciada

 

Felipe Rojas Gnecco fue asesinado a quemarropa en la calle de Santa Marta el 4 de diciembre de 2006. FOTO: RADIO-CANADA

Desde el inicio de su juicio, los medios colombianos, especialmente aquellos que estaban convencidos de su culpabilidad, apodaron a Judith Brassard como “la viuda negra canadiense”.

El 24 de febrero de 2010, luego de nueve meses de juicio, el quebequense fue sentenciado a 28 años de prisión y multa de $ 2 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios a la familia de la víctima, sin que se hubieran aportado pruebas a los tribunales.

Hoy, En Vero y Fondejusticia y Verdad Queremos llamar la atención de las Naciones Unidas y del mundo entero sobre la ausencia de duda razonable y la presunción de inocencia en el sistema judicial colombiano hasta el más alto nivel, que se basa en estos mismos principios.