Fuente: Proceso
Escrito por: Ricardo Rafael
Junio 27, 2020 (Publicación original en español el 15 de diciembre de 2019)
Traducción: Emily Freele
Wallace: cómplice de Gualberto Ramírez
En junio de 2014, la periodista Anabel Hernández fue denunciada por Isabel Miranda de Wallace ante la SIEDO (Subprocuraduría de Investigaciones Especiales sobre Delincuencia Organizada), cuyo titular en ese momento era Rodrigo Archundia Barrientos. Fue acusada de supuestamente falsificar documentos, cometer actos contra la justicia, amenazas y también difamación.
La acusación fue tan ridícula como descabellada: no hay un precedente similar en el que una periodista haya sido acusada de complicidad con el crimen organizado por la Procuraduría General de la República (PGR) por su trabajo.
El 31 de mayo de 2014 Anabel Hernández publicó (Proceso 1960) una serie de documentos que sugerían la existencia de al menos dos identidades oficiales del hijo desaparecido de Isabel Miranda de Wallace. La presunta víctima tenía un par de partidas de nacimiento y dos CURPs (Códigos Únicos de Registro de Población).
Cinco años después se ha confirmado la versión expuesta por la señora Hernández. Hoy existen pruebas de laboratorio que prueban desde el punto de vista genético que Hugo Alberto Wallace Miranda es en realidad hijo de Carlos León Miranda.
Este dato coincide con la partida de nacimiento de Hugo Alberto que fue registrada en 1970 por sus padres, utilizando sus apellidos.
El informe de la Sra. Hernández fue el primero en exponer verdaderamente las fabricaciones del caso Wallace. Por tanto, es comprensible que, en ese momento, Isabel Miranda hiciera todo lo que estuvo en su poder para descarrilar las investigaciones de la periodista. Esto implicó utilizar su enorme influencia en la Fiscalía Adjunta Archundia y en la unidad antisecuestro afiliada a la SIEDO, cuyo jefe era Gualberto Ramírez Gutiérrez.
Para fabricar la demanda contra Anabel Hernández, los fiscales cometieron actos arbitrarios e ilegales que hoy merecen ser contados:
La primera víctima de esta fabricación en particular fue Giel Meza, un abogado de derechos humanos que ahora está asociado con En Vero, una organización canadiense que ha estado ayudando a las víctimas del caso Wallace.
El domingo 13 de julio de 2014, Giel Meza fue secuestrado cerca de su casa por dos hombres y dos mujeres. Lo metieron a empujones en un vehículo que no tenía rotulación ni placas oficiales y luego lo llevaron a la oficina de SIEDO ubicada en la Plaza de la República (plaza de la republica).
Al llegar a esa dirección, sus secuestradores se identificaron como agentes de la PGR y le informaron que estaba siendo trasladado como detenido debido a una demanda interpuesta en su contra por la investigación del caso Wallace.
Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral del edificio, su estado cambió. El jefe de la unidad, Gualberto Ramírez, le informó que efectivamente se encontraba allí como testigo.
Giel Meza, que es licenciado en derecho, exigió una explicación. ¿Por qué lo “detuvieron” sin una orden de arresto? Y si lo habían llevado a la SIEDO como testigo, ¿por qué lo trataban como si fuera un criminal?
En respuesta, Gualberto Ramírez envió al abogado Meza al sótano de la SIEDO para que un médico confirmara su buen estado de salud; es decir, certificar que los agentes secuestradores no le habían hecho daño.
Luego, durante más de seis horas, Meza fue interrogado dentro de una habitación llena de oficiales. Dice que nunca en su vida había tenido tanto miedo.
Los oficiales querían saber si había proporcionado documentos sobre la identidad del hijo de la Sra. Wallace. También preguntaron sobre otras personas que pudieran haberle proporcionado al periodista el material publicado.
Después de un extenuante interrogatorio, Meza fue liberado. Aún hoy, el abogado recuerda los gritos enfurecidos de Gualberto Ramírez, acusándolo de entorpecer una muy importante investigación de la PGR.
Días después se repitió el mismo operativo, pero esta vez contra Enriqueta Cruz, cuya hija, Brenda Quevedo Cruz, es una joven acusada de un secuestro y asesinato muy improbable.
Enriqueta Cruz es una mujer que tiene más de 60 años y sin embargo no recibió ningún respeto por parte del zar anti-secuestro. Fue llevada a la SIEDO por agentes que la llevaron arbitrariamente al mismo sótano donde había estado antes Giel Meza.
Allí la desnudaron, la humillaron y le hicieron saber que las autoridades podían hacer lo que quisieran con ella y su cuerpo.
Vulnerable luego de esa desagradable experiencia, Enriqueta visitó la oficina de Gualberto Ramírez Gutiérrez. Allí tuvo que escuchar los gritos del oficial.
Ramírez le advirtió que la señora Wallace era amiga de la casa y la reprendió por intentar descarrilar la investigación del caso Wallace.
El funcionario quiso saber los nombres: ¿Quién le había dado las partidas de nacimiento a Anabel Hernández? ¿Quién le había dado las CURP de Hugo Alberto?
Después de muchas horas de agresión, Enriqueta Cruz finalmente fue liberada. Pero las declaraciones obtenidas por métodos tan arbitrarios fueron luego incluidas en la denuncia con la que la PGR quiso perseguir a Anabel Hernández. El objetivo de Archundia y Ramírez, pero sobre todo de Isabel Miranda, era inhibir futuras indagaciones sobre el caso Wallace.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, exjefe de la unidad antisecuestro de la PGR, enfrenta ahora serias acusaciones derivadas de un caso diferente. La señora Ana Patricia Moller Vuilleumier lo denunció a él ya otros seis fiscales por falsificación de documentos, simulación de pruebas, conspiración delictiva, tortura y tratos crueles e inhumanos.
Con base en los testimonios de Giel Meza y Enriqueta Cruz, estas acusaciones se vuelven plausibles.
Un par de interrogantes cobran relevancia ahora: ¿Cómo logró Isabel Miranda de Wallace tanto poder como para hacer de la unidad antisecuestro de la PGR un instrumento de sus ambiciones? ¿Qué la vincula realmente con Rodrigo Archundia Barrientos y Gualberto Ramírez Gutiérrez?
