Fuente: Noticias de Chiapas
Autor: Exal Baltazar Juan Avila
El 7 de marzo de 2018
Empleados del Juzgado 63 de la CDMX exponen vida de Guadalupe Lizárraga
En un comunicado enviado al que esto escribe por parte de la asociación canadiense “En Vero” con el título “Nuevas amenazas y acoso por parte de PGR a periodista Guadalupe Lizárraga quién investigó falsedad en caso Wallace”, dan a conocer la forma en que tres individuos que se identificaron como agentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR) intentaron privar de su libertad o secuestrarla argumentando una orden de presentación requerida por SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).
Estos hechos ocurrieron saliendo del edificio que ocupa el juzgado 63 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al que Guadalupe Lizarraga había acudido en compañía del Lic. José E. Patiño Hurtado, la activista María Guadalupe Vicencio Sánchez o “Mary Sainz”, Guadalupe Vallarta, Juan Carlos Cortes Vallarta y Enriqueta Quevedo Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz; para ratificar firmas por la demanda interpuesta en contra de Isabel Miranda de Wallace por daño moral.
Con estos sucesos podría quedar de manifiesto dos cosas: que Isabel Miranda si ha estado intimidando y hasta intentando asesinar a estas personas y que en varios casos hay corrupción, tráfico de influencias entre otros delitos.
AMARILLO.
“La periodista e investigadora independiente Guadalupe Lizárraga viajó a la Ciudad de México para ratificar su firma requerida por segunda ocasión en el Juzgado 63 del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México en una demanda colectiva por daño moral contra María Isabel Miranda Torres. Dicha demanda fue presentada por el abogado de la parte demandante, el Lic. José E. Patiño Hurtado, conformada por la periodista Guadalupe Lizárraga, la activista María Guadalupe Vicencio Sánchez o « Mary Sainz, Guadalupe Vallarta Cisneros, Juan Carlos Cortes Vallarta, y Enriqueta Quevedo Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, en contra de quienes María Isabel Miranda Torres inició en el mes de mayo de 2016 una campaña de difamación en los medios de comunicación, al señalarles arbitrariamente como autores del supuesto atentado que la presidenta de Alto al Secuestro Miranda Torres alegó haber sufrido durante una marcha contra Donald Trump el 12 de febrero de 2017. La versión de los hechos promovida por María Isabel Miranda Torres fue plenamente desmentida por la activista Mary Sainz (https://www.en-vero.org/caso-wallace-15-de-febrero-2017/) y en defensa de los civiles que Miranda Torres señaló arbitrariamente, la asociación En Vero intervino públicamente e insistió en el carácter urgente de poner fin a la práctica contraria a Derecho de las acusaciones públicas y difamatorias en contra de ciudadanos mexicanos (https://www.en-vero.org/derechos-humanos-en-mexico-22-de-mayo-2017).
ROJO.
Al salir del tribunal ese día de 28 de febrero de 2018, Guadalupe Lizárraga fue abordada por tres sujetos vestidos de civiles. Uno de ellos, el Sr. Moisés Laris Carbajal, se presentó como “Inspector Jefe” de la PGR y Policía Federal Ministerial. Con el fin de identificarse, ese sujeto presentó una credencial con núm. 619937, con vigencia caducada desde el “Segundo semestre de 2017”. Los otros dos sujetos que acompañaban al primero, un hombre y una mujer, no se identificaron. Un cuarto hombre se acercó al vehículo de Guadalupe Lizárraga para tomarle fotografías. El presidente de la organización En Vero, el Sr. David Bertet, identificó a Moisés Laris Carbajal como un individuo cercano al entonces director de la policía federal Genaro García Luna y colaborador de la ex titular de la PGR Arely Gómez González. Laris Carbajal fue también responsable de organizar la detención arbitraria del activista Giel Meza, la cual ocurrió el domingo 13 de julio de 2014 a las 6 de la tarde, y quién fue llevado en esa ocasión a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (https://www.en-vero.org/caso-wallace-24-de-julio-2014).
El individuo que se identificó como policía federal presentó dos documentos a Guadalupe Lizárraga y a los tres abogados que la acompañaban: en el primer documento de fecha el 26 de febrero de 2018, con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGUCDS/AS/0018/2018 y objeto: “Asignación de mandamiento al Suboficial C. Ayala González Luis Ángel, aparece la firma del Lic. Alfonso Mendoza Ramírez en calidad de director general de la Unidad para el Combate al Delito de Secuestro. El segundo documento es firmado por la Lic. Aurelia Urzúa Domínguez, C. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la U.E.I.D.M.S de la S.E.I.D.O y dirigido al Lic. Omar Hamid García Harfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Ambos documentos solicitaban proceder a la localización de la periodista con “CARÁCTER URGENTE Y CONFIDENCIAL” para que se presentara a declarar ante la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República.
El video de la altercación entre Guadalupe Lizárraga y los supuestos agentes de la PGR fue realizado por la activista Mary Sainz y publicado en vivo a través de su cuenta de Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1256329964511465&id=100004034214687.
En un comunicado de fecha 1 de marzo de 2018, la organización En Vero, de la que la periodista Guadalupe Lizárraga es miembro honorario, publicó en su sitio web el pronunciamiento siguiente:
Ante el nuevo acoso del que fue víctima nuestra colaboradora y periodista Guadalupe Lizárraga por parte de sujetos que supuestamente operaban en representación de la PGR, En Vero exige que la PGR haga saber los motivos por los cuales esa institución se desempeña en cometer actos de intimidación en contra de las personas que han investigado sobre el caso Wallace, y que tipo de vínculos mantiene con la Sra. Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres.
En ese tenor, queremos recordar a los titulares de las diversas unidades de la PGR, en particular a la SEIDO, que periodistas como Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández y organizaciones como “En Vero” y la LIMEDDH han hecho el trabajo de investigación en el caso Wallace que le correspondía a la PGR, y que esa institución, lejos de cumplir con su misión y su razón de ser, no solamente se ha caracterizado por su compromiso constante con la obstaculización de la verdad y de la justicia para las víctimas del caso Wallace: Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobin, Tony y Albert Castillo, Cesar Freyre Morales, Juana Hilda Lomeli, Jael Malagon Uscanga, y sus familiares.
Como organización internacional defensora de las víctimas de la fabricación de culpables y de las víctimas del caso Wallace en particular, En Vero señala como responsable principal a Isabel Miranda de Wallace o María Isabel Miranda Torres y a quién o quienes le brinde apoyo dentro de las instituciones del aparato estatal y gubernamental por cualquier nuevo intento de intimidación, cualquier acto de violencia física, psicológica, verbal, y cualquier actuación que se aparente a un abuso de poder (detención arbitraria, orden de presentación, …) en contra de los firmantes de la denuncia por daño moral en contra de Miranda Torres y sus representantes: Mary Sainz, Guadalupe Vallarta, Juan Carlos y Alejandro Vallarta, Enriqueta Cruz Gómez, Guadalupe Lizárraga, José Patiño Hurtado.”
CONTINUARA.
