Derechos humanos en México (21 de agosto 2018)

Fuente: Tribunal Internacional de Conciencia
Autor: National Lawyers Guild 
El 21 de Agosto de 2018 
Revisión y edición: David Bertet y Carmen Haydeé Matos y Sánchez (contacto: contact@en-vero.org)

 

Resultados preliminares de las audiencias del Tribunal Internacional de Conciencia en su capítulo mexicano: Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México

 

Del 11 al 18 de mayo de este año se realizó un Tribunal Internacional de Conciencia en Puebla, Guerrero, Estado de México y en la Cuidad de México. México es uno de los países más violentos con constantes violaciones de garantías, derechos políticos y humanos. Pudimos constatar que el contexto de violencia presenta una serie de desafíos para llevar a cabo una vida digna que garantice el derecho a la vida de forma confiable y transparente. Vemos que las instituciones de todos los niveles de gobierno no tienen diagnóstico ni estrategia para enfrentar 
la combinación de la violencia generalizada y institucional.

Esta Tribunal fue encabezada por National Lawyers Guild (NLG, U.S.A.), en coordinación con Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo Guerrero (AMAP-Guerrero), Centro de Derecho Humanos Minerva Bello Guerrero, 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Dayton, Ohio, Asociación Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, (PRECADEM AC), 
Colectivo por la Paz en Colombia desde México, COLPAZ, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, (AFADEM-FEDEFAM), Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste AC, Confederación de la Diáspora Peruana, En Vero (Asociación Canadiense por el derecho y la Verdad), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, con la finalidad de 
valorar el cumplimento con el dictamen de 2015 pronunciado por el Tribunal in Nueva York, Nueva York U.S.A.

Durante estos días visitamos tres estados y una ciudad: Puebla, Guerrero, Estado México, y Cuidad de México, donde nos reunimos con una gama de actores: miembros de la sociedad civil, grupos de fe, víctimas 
de la violencia, organizaciones de derechos humanos, normalistas de Chiapas y Ayotzinapa y académicos.

Resultados preliminares:
  • Se percibió un panorama general de miedo;
  • Las distintas voces que escuchamos coincidieron en que un Tribunal Internacional influirá en generar un clima de seguridad, de mayor participación ciudadana y posible disminución de delitos contra la vida;
  • Así mismo se observó que, en las zonas rurales, Chilapa y Carisalio, no existen condiciones de seguridad para realizar una audiencia del Tribunal.
  • Recibimos múltiples testimonios de amenazas contra la vida, secuestro, masacres, muertes extrajudiciales, desapariciones, tortura, desplazamiento forzado vía corporaciones transnacionales usando el crimen organizado para su seguridad, y el mal uso de recursos públicos de programas sociales que han sido privatizados para ayudar al capital extranjero;
  • Muchas personas expresaron desconfianza hacia los medios de comunicación, señalando que no reportan la realidad por temor, amenazas, tendencia oficialista y otros intereses;
  • Muchas personas nos informaron que existe colusión entre las autoridades y el crimen organizado para desplazamientos y desapariciones;
  • Muchas personas reportaron una falta de seguimiento penal contra el ejercito, policía estatal y federal y crimen organizado desde las autoridades estatales y federales, especialmente en focos rojos como Guerrero con ningún responsable condenado o llevado a justicia;
  • En Guerrero, al igual que en el resto del país, se tiene una gran cantidad de prisioneros políticos encarcelados por actos falsificados por la ciudanía y instituciones. El gobierno no reconoce que ahí ningún prisionero político.  Sin embargo, en varias entrevistas en los tres estados y cuidad que visitamos distintos actores nos expresaron preocupación por la posibilidad de que los funcionarios del gobierno pongan actos falsificados para justificar el encarcelamiento o tortura. Este fenómeno ha ocurrido desde la época de la “guerra sucia” de los 1970-1979 en el país donde funcionarios del gobernó no acudieron ya sea porque recibieron amenazas o porque fueron pagados para no asistir, abriendo la posibilidad de ser sustituidos por personas con intereses partidistas y de otra índole.

Destacamos que el contexto actual de crisis de violencia y de violaciones de derechos humanos en México, hace necesario que el Estado fortalezca sus esfuerzos para garantizar los derechos humanos, especialmente los derechos políticos de la ciudadanía, con el objetivo de asegurar un ambiente sin violencia para el libre ejercicio de la voluntad popular, sin factores de intimidación, inhibición o coerción.

La National Lawyers Guild tiene programado que el Tribunal esté en el país en noviembre de 2018. En esta fase, pensamos coordinar nuestros esfuerzos con las diferentes propuestas de observación de los miembros 
de la sociedad civil, grupos de fe, víctimas de la violencia, organizaciones de derechos humanos, normalistas de Chiapas y Ayotzinapa y académico.

 

*Carmen Haydeé Matos y Sánchez: Arquitectura Social: Fulbright Scholar Willamette University, Salem ORE-USA, 70; Bachiller Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Lima 74, Perú; Licenciatura.- UNAM Instituto de Investigaciones Arquitectónicas Investigación Especialidad en Planeación y Evaluación de Proyectos (CICATUR-OEA, México); Maestra Ingles por la Universidad de Michigan, USA 71; Maestra Traducción en diversas especialidades UAEM; Diplomados en Derechos Humanos, Sociales y afines en la UNAM y diversas instituciones, hasta el presente. Titular de la Fundación Humanus 2003, en México; la Alianza Peruana de Cooperación 2008, en México; y de la Confederación de la Diáspora Peruana en 2012, en Perú.