Fuente: En Vero (Español)
Autor: Daniel Avalos Banda
El 18 de diciembre de 2016
Resumen del informe de la CIDH sobre la Criminalización de la labor de los defensores de los derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe en diciembre de 2015 en el cual analiza de forma detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. La CIDH ha recibido de forma continua información apremiante corroborando que en diversos países Latinoamericanos los defensores son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento. Estas prácticas son de suma preocupación para la CIDH ya que no solo interfiere con su trabajo de defensa y promoción, sino que también afecta el rol protagónico que estos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho. Los autores de este lamentable fenómeno son personas o instituciones gubernamentales o no gubernamentales que ven en los defensores como “agentes opuestos” a sus intereses políticos, económicos, comerciales, etc. Y usan indebidamente acusaciones penales falsas (entre los más frecuentes están los cargos por terrorismo, desobediencia o resistencia a la autoridad, atentar contra el orden público, inducción a la rebelión, apología del delito, etc.) con el fin limitar, frenar o desmotivar a los defensores de los derechos humanos. Ya que al verse sujetos a un proceso penal, todo su tiempo, energía y recursos se tienen que enfocar en su propia defensa ante tribunales.
El uso indebido del derecho penal ocurre con mayor frecuencia en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés por el uso de la tierra, la explotación recursos naturales o el desarrollo de mega-proyectos. También ocurre en contextos de protesta social durante o con posterioridad al desarrollo de una manifestación pacífica, así como represalias, luego que los defensores han interpuesto denuncias en contra de funcionarios públicos.
Por último se insta a todos los estados miembros de la Unión de Estados Americanos (OEA) a realizar esfuerzos reales y a tomar las medidas necesarias para reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos y su importante rol en las sociedades como creadores del equilibrio necesario en un Estado de Derecho. Se les insta a seguir las recomendaciones hechas por la propia comisión para frenar la criminalización de los defensores en sus labores legítimas.
Acceder al informe completo: aquí.
